Contraloría aprueba reglamento de la ley que regirá mitigaciones de proyectos inmobiliarios

Gremio inmobiliario espera que se reduzcan las incertidumbres y recordó que habrá impacto en los costos de obras.
El Gobierno y la industria inmobiliaria esperaban desde hace meses la noticia. Ayer se conoció finalmente. La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que viabilizará la Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público, que se promulgó en 2016, pero que mantenía pendiente este paso. Con esto, parte una cuenta regresiva de 18 meses —desde que se publique esto en el Diario Oficial— para que se apliquen las nuevas obligaciones legales relacionadas con mitigaciones de proyectos inmobiliarios, como son infraestructura vial, gestión de tránsito, semaforización, señalización, corredores de transporte público, pista solo bus, terminales, paraderos, ciclovías y aceras peatonales.

En la nueva ley, los Estudios de Impactos sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu) son reemplazados por Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) que se aplican a todos los proyectos y consideran flujos vehiculares —particulares y de transporte público— y peatonales. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) destacó que el nuevo reglamento contempla tres principios: universalidad, que establece que todos los proyectos públicos y privados deberán mitigar y/o aportar; proporcionalidad, que implica que las mitigaciones serán equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto y no se harán cargo de los déficits históricos de infraestructura; y predictibilidad, es decir, las mitigaciones y aportes se calcularán según métodos objetivos y con plazos predefinidos y estandarizados.

‘Después de meses de trabajo, en que se introdujeron cambios necesarios, contamos con un reglamento robusto, que permite conciliar el desarrollo inmobiliario con una adecuada gestión del espacio público. En ciudades que se densifican, la vida se hace puertas afuera y necesitamos vialidades que respondan los requerimientos de los ciudadanos. En este desafío, los IMIV jugarán un rol muy relevante’, señala la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. Hasta ahora, se estima que solo el 5% de las iniciativas mitigan sus externalidades negativas en materia vial, y son las que realizan Eistu. Algunas voces han acusado que las grandes inversiones se fragmentan para sortear ese sistema, ya que solo los planes de más de 250 estacionamientos, en el caso de ser residenciales, deben mitigar. Esto se resuelve con la nueva ley. Según la normativa, cada municipio debe elaborar un plan comunal de inversiones en infraestructura de ‘movilidad y espacio público’.

Los aportes que recaude una comuna deben ser mantenidos en una cuenta especial y separada del resto del presupuesto municipal. Al menos el 70% de los fondos percibidos —deducidos gastos de administración— deberán ir a movilidad. La nueva modalidad contempla una ventanilla única para el ingreso de los estudios y operará mediante sistema electrónico, lo que agilizaría trámites y plazos. El director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Vicente Domínguez, afirmó que analizarán el reglamento, pero advirtió que esperan que minimice las incertidumbres ligadas a las mitigaciones que deben realizar los proyectos y que permita cuantificar los costos de estos. Domínguez recordó que los análisis previos del rubro indicaban que los costos de las iniciativas subirían entre 3% y 8% por la nueva ley. ‘Ojalá que los fondos se usen bien, que haya buenos proyectos y se mejore el armado urbano’, sostuvo.

‘‘Contamos con un reglamento robusto, que permite conciliar el desarrollo inmobiliario con una adecuada gestión del espacio público’.

GLORIA HUTT MINISTRA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

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