Justicia pide a Estación Central informe sobre grandes edificios

Corte de Apelaciones declaró admisible recurso de Fundación Defendamos la Ciudad, luego que la Contraloría ordenara invalidar permisos de edificación de unos 50 proyectos.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró ayer admisible el recurso de protección presentado por la Fundación Defendamos la Ciudad y la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central, que solicitaron a la Justicia que ordene al municipio iniciar los procedimientos de invalidación de permisos de edificación de alrededor de 50 proyectos.

Esto, luego que la Contraloría dictaminara –a mediados de noviembre pasado- que los permisos son ilegales e instruyera la realización de un sumario en la Dirección de Obras de la municipalidad para establecer las responsabilidades en la materia.

La corte le dio cinco días al municipio para que entregue un informe y ‘todos los antecedentes que existan en su poder’ sobre el asunto que motivó el recurso presentado por la fundación.

Junto a esto, los ministros del tribunal de alzada decidieron unir a este proceso –por economía procesal- el recurso de protección presentado por la inmobiliaria Fortaleza, que junto a Inmobilia y Eurocorp, entre otras, recurrieron a la corte y solicitaron paralizar todos los efectos, directos o indirectos, que provoque el dictamen de la Contraloría, y que se disponga en particular que la Dirección de Obras Municipales de Estación Central no dé inicio a ningún procedimiento invalidatorio, o bien que suspenda la tramitación de los que ya hubiere iniciado.

Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el impacto del dictamen de Contraloría, solo considerando edificios ya iniciados, afecta a 28 proyectos que contemplan inversiones por más de US$ 600 millones, y que emplean en conjunto a más 15 mil trabajadores.

Para las inmobiliarias afectadas, la resolución del ente contralor es una ‘vulneración de garantías fundamentales’ y una afectación al ‘derecho a desarrollar una actividad económica lícita’.

Fortaleza apuntó además a que la interpretación retroactiva del contralor afecta los derechos fundamentales de cientos de personas, entre ellas los bancos financistas, los contratistas, subcontratistas, los compradores, y principalmente los cientos de trabajadores directos que desempeñan sus funciones en la obra de construcción.

FUENTE: DIARIO FINANCIERO

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