Al menos 6 mil personas viven bajo arriendos abusivos en el centro de Santiago

El municipio busca dotar de mayor facultad fiscalizadora a inspectores y prohibir que inmuebles sean habitados por más personas que la ocupación preestablecida.

Santiago es la comuna con más déficit habitacional de la Región Metropolitana y, según datos del Censo 2017, requiere al menos 14.405 nuevas viviendas para superar esta carencia.

Representantes de la Municipalidad de Santiago remarcaron esta situación ayer en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, donde expusieron la realidad que vive la zona en materia de arriendos y subarriendos abusivos, que en su mayoría afectan a extranjeros.

Según un catastro del municipio, en la comuna viven al menos 6 mil personas bajo estas condiciones. Habitan alrededor de 100 inmuebles y pagan un promedio de $150 mil por una pieza en condiciones paupérrimas de habitabilidad. Los inmigrantes en cuestión deben lidiar con precios que superan con creces el valor promedio del arriendo de una casa. Esto, sin contar el estado de estas: cocinas y baños compartidos, malas condiciones de higiene, plagas y humedad. Todo en un escenario de hacinamiento.

Según Felipe Arteaga, director ejecutivo de la Fundación Vivienda, la carencia de hogares en el centro de la ciudad es una tendencia de reciente data.

“Generalmente las comunas más populosas y pobres eran las que tenían el mayor déficit”, plantea.

Agrega que el caso del centro es un indicador que revela que las personas que requieren una vivienda cambiaron de estrategia: hoy están optando por una mejor localización.

“El centro de Santiago tiene directa relación con la oferta de trabajo y servicios que hay en la región, además de la capacidad de movilidad y conexión a distintos sectores”, explica.

Otro factor que complica la situación de la comuna en esta materia es la cantidad de propiedades abandonadas que presenta, lo que fomenta las ocupaciones ilegales, donde luego se construyen piezas y se genera el subarriendo.

Las propuestas

El municipio plantea medidas para desincentivar el arriendo abusivo, como poder exigir a los arrendadores o subarrendadores que sus inmuebles cumplan con las mismas exigencias sanitarias, de constructibilidad y de seguridad a las que están sometidas las residenciales.

Además, busca modificar dos artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para incorporar la prohibición de que un inmueble sea habitado por un número de personas que supere su carga ocupacional preestablecida. Asimismo, dotar a los funcionarios municipales de la facultad para ingresar a fiscalizar este tipo de viviendas.

FUENTE: EL MERCURIO

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