“Ley de mitigación urbana busca recuperar barrios y ciudades” en La Tercera

El objetivo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es trabajar por recuperar los barrios y las ciudades. Para ello, la Ley de Aportes al Espacio Público resulta un nuevo instrumento muy novedoso que servirá para armonizar la densificación, planificación e inversión en espacios públicos y movilidad al interior de las ciudades.

 

Lo que busca esta iniciativa, principalmente, es que los nuevos desarrollos inmobiliarios y de densificación mitiguen adecuadamente sus impactos en el sistema de movilidad local, atenuando la congestión, los tiempos de viaje en transporte público, y mejorando la infraestructura de espacio común que requieran los proyectos.

 

Haciéndose cargo de la mayor intensidad de uso de la ciudad, a través de la cesión de terrenos para obras urbanas o su equivalente en dinero, para que sean los municipios quienes prioricen proyectos en esta línea.

 

Así, cada institución tendrá un rol preponderante. En el caso de los municipios, deberán elaborar un plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, donde priorizarán los proyectos, obras y medidas incluidas en los instrumentos de planificación territorial existentes o asociadas a estos. Con ello, podrán mejorar su conectividad, accesibilidad y la calidad de sus espacios públicos, por ende, su calidad de vida.

 

Esta Ley, de Aportes al Espacio Público, comenzará a regir 18 meses después que se publique en el Diario Oficial el Reglamento sobre Mitigación de impactos al Sistema de Movilidad Local, dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y suscrito además por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

 

Para Sergio Arcos Peña, socio fundador de Reistock.com, empresa de asesorías inmobiliarias, explica ‘lo cierto es que hoy los desarrolladores tendrán dos alternativas, para mitigar obras, es decir, generar acciones en medidas de gestión de tránsito o podrán realizar aportes al espacio público, en la cual, en caso de ser obra de terrenos urbanizados podría traducirse en la entrega de hasta el 44% del avalúo fiscal del terreno. El objetivo a futuro será que esos fondos al menos se inviertan en un 70% en un proyecto de movilidad comunal’.

 

Así, estas nuevas exigencias solo serían aplicables para los proyectos futuros. En el caso de los permisos ya otorgados, se rigen por las normas vigentes al momento de su otorgamiento. Del mismo modo, las solicitudes de permiso se evalúan y resuelven conforme a las normas vigentes a la fecha de su ingreso a las Direcciones de Obras.

 

En esa línea, la ley busca que los nuevos desarrollos inmobiliarios resuelvan de manera adecuada sus impactos, lo que no busca es resolver déficit preexistentes. La idea es evitar que los nuevos proyectos, en especial, los que densifican, agraven los déficit existentes, exigiéndoles mantener los estándares de espacio público.

 

Las obras para mejorar la planificación urbana darán entonces nuevos recursos a las municipalidades, las que ya se están capacitando para poder elaborar la lista de obras priorizadas, que cada una tendrá para poner esta inversión a dar frutos, dando como resultado, viviendas más caras, pero con un entorno y calidad de vida mejores.

 

Fuente: La Tercera

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